Municipalización del servicio de Playas
El Grupo Popular recuerda es la Abogacía del Estado quien
tiene que decidir si es preceptivo presentar recurso a la sentencia
desestimatoria
Cádiz, a 5 de octubre de 2018. El Grupo Municipal del Partido Popular
(GMPP) ha indicado hoy, tras las declaraciones del alcalde sobre la sentencia
del contencioso administrativo que desestima el recurso interpuesto por
Subdelegación del Gobierno contra el acuerdo de la municipalización de los
Servicios de Playa, que “una irresponsabilidad es que el alcalde se vanaglorie
de tener una playa más sucia, con menos servicios, con los trabajadores en
peores condiciones y encima más cara”.
Los populares indicaron que el hecho de
que los servicios de playa estén costando ahora 340 mil euros más de lo que
costaba con la anterior gestión no se ha juzgado porque no hace falta: lo dice
el Presupuesto de 2018 en el apartado de aportaciones a empresas. El GMPP
señaló al hilo de este hecho que “por mucha argucia legal que haya utilizado
Podemos para poner en riesgo un activo de la ciudad como éste, lo que no va a
conseguir el alcalde es decir que la temporada de playas ha sido un rotundo
éxito y los gaditanos se lo crean. Las quejas por equipamientos rotos o
estropeados, los módulos cerrados, la falta de limpieza, la falta de materiales
de los trabajadores, la ausencia de pailas, etcétera han sido constantes todo
el verano y eso no lo puede ocultar el alcalde con una frase”.
“Defender
lo público no es gastar más dinero público en cargarse la playa”
Los populares también han aclarado al
alcalde que, por mucho que lo repita, no va a conseguir que sea verdad que el
PP denunció el acuerdo de municipalización. El recurso contencioso
administrativo al acuerdo lo interpuso la Abogacía del Estado a instancias de
la Subdelegación del Gobierno, “y esperamos que el alcalde no vuelva a las
andadas y esté insinuando que los abogados del Estado han realizado acciones no
sujetas a derecho porque sería algo grave”.
Los populares concluyeron señalando
que, “precisamente es la Abogacía del Estado como parte recurrente en el
proceso la que debe decidir tras el análisis de la sentencia si debe o no interponer recurso a la misma,
para lo que se debe emitir un informe jurídico que sea el que determine la
decisión a tomar por parte de la Subdelegación de Gobierno ¿o es que el alcalde
piensa que si la Abogacía del Estado estima lesionado algún derecho de la Administración
General del Estado puede eludir la presentación de ese recurso a instancia
política?”.
