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miércoles, 14 de octubre de 2020

Juancho Ortiz: “Adelante Cádiz tiene que asumir los 200 mil euros que costará a los gaditanos su ilegalidad en Eléctrica”



“A ver cómo explica el alcalde que estemos pagando a una empresa del oligopolio cuatro veces más de lo debido por una adjudicación fraudulenta”

El Grupo Popular lamenta el silencio del PSOE “que debió conocer en el Consejo de Administración una sentencia de abril pasado por adjudicar un contrato de 16 millones”

Cádiz, 14 de octubre de 2020.- El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha señalado hoy que “debería ser Adelante Cádiz quien asuma los doscientos mil euros que nos va a costar a los gaditanos la ilegalidad que hicieron en Eléctrica de Cádiz cuando adjudicaron un contrato de 16 millones de euros a una empresa que presentaba precios cuatro veces superiores a la segunda clasificada: los cincuenta mil de la sentencia y los 150 mil euros de diferencia entre los honorarios de las dos empresas”.

 

El Grupo Municipal Popular de Cádiz registró ayer una petición oficial al alcalde de Cádiz, como presidente de la empresa de mayoría municipal, Eléctrica de Cádiz, de copia del expediente que motivó la sentencia condenatoria. La sentencia 70/2020 de 6 de abril de 2020 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz  “que no ha sido recurrida y que por tanto ya ha costado a las arcas públicas 50 mil euros, establece que la adjudicación del Contrato bilateral de suministro de energía eléctrica por parte de Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A.U. para su comercialización al consumidor final por valor de 16 millones de euros no es acorde a la legalidad, ya que la oferta más ventajosa era la que presentó Nexus Energía S.A, lo que es un claro perjuicio, no ya para esa empresa, sino para los gaditanos que van a pagar cuatro veces más de lo que debían pagar”.

 

Transparencia, ocultación y anticapitalismo

 

Juancho Ortiz ha emplazado al alcalde “a no esconderse una vez más –como hace en estos casos- porque hay muchos gaditanos que están deseando ver cómo explica que estemos pagando a una empresa del oligopolio –como le gusta decir tantas veces-  cuatro veces más de lo debido por una adjudicación fraudulenta de la que es máximo responsable como presidente de Eléctrica de Cádiz”. El concejal popular también pidió que “de camino explique como ha podido ocurrir que una sentencia fechada en abril de este año no haya sido colgada en su portal Paredes de Cristal. Más nos valía que dejaran ya la pantomima de la transparencia y dijeran claramente a los gaditanos que nos van a engañar todo lo que le sea posible”.

Complicidad del PSOE

El Grupo Popular también lamentó la actuación del PSOE “y el sospechoso silencio de Mara Rodríguez, que debió conocer a través de su compañera en el Consejo de Administración de Eléctrica una sentencia de abril pasado contra la empresa, y que forzosamente debió ser informada en ese órgano por los servicios jurídicos, porque se trata de una condena por adjudicar un contrato de 16 millones de manera no acorde con la legalidad. También le toca a Mara Rodríguez explicar por qué hace un año –no han dicho aún muy bien a cambio de qué- votaron a favor de excluir al principal grupo de la oposición de ese consejo de administración. Esperamos que no fuera para facilitar al alcalde y a Adelante Cádiz la ocultación de expedientes de este calibre. Por ahora de lo único que ha servido es para que Kichi siga sin explicar porque lleva año y medio sin poner en marcha el Bono Social Eléctrico que según la campaña de mentiras y acoso que orquestó era responsabilidad de José Blas Fernández”.

 

 

 


viernes, 5 de octubre de 2018

“Una irresponsabilidad es que el alcalde se vanaglorie de tener una playa más sucia, con menos servicios y más cara”


Municipalización del servicio de Playas

El Grupo Popular recuerda es la Abogacía del Estado quien tiene que decidir si es preceptivo presentar recurso a la sentencia desestimatoria

Cádiz, a 5 de octubre de 2018. El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) ha indicado hoy, tras las declaraciones del alcalde sobre la sentencia del contencioso administrativo que desestima el recurso interpuesto por Subdelegación del Gobierno contra el acuerdo de la municipalización de los Servicios de Playa, que “una irresponsabilidad es que el alcalde se vanaglorie de tener una playa más sucia, con menos servicios, con los trabajadores en peores condiciones y encima más cara”.

Los populares indicaron que el hecho de que los servicios de playa estén costando ahora 340 mil euros más de lo que costaba con la anterior gestión no se ha juzgado porque no hace falta: lo dice el Presupuesto de 2018 en el apartado de aportaciones a empresas. El GMPP señaló al hilo de este hecho que “por mucha argucia legal que haya utilizado Podemos para poner en riesgo un activo de la ciudad como éste, lo que no va a conseguir el alcalde es decir que la temporada de playas ha sido un rotundo éxito y los gaditanos se lo crean. Las quejas por equipamientos rotos o estropeados, los módulos cerrados, la falta de limpieza, la falta de materiales de los trabajadores, la ausencia de pailas, etcétera han sido constantes todo el verano y eso no lo puede ocultar el alcalde con una frase”.

“Defender lo público no es gastar más dinero público en cargarse la playa”

Los populares también han aclarado al alcalde que, por mucho que lo repita, no va a conseguir que sea verdad que el PP denunció el acuerdo de municipalización. El recurso contencioso administrativo al acuerdo lo interpuso la Abogacía del Estado a instancias de la Subdelegación del Gobierno, “y esperamos que el alcalde no vuelva a las andadas y esté insinuando que los abogados del Estado han realizado acciones no sujetas a derecho porque sería algo grave”.

Los populares concluyeron señalando que, “precisamente es la Abogacía del Estado como parte recurrente en el proceso la que debe decidir tras el análisis de la sentencia  si debe o no interponer recurso a la misma, para lo que se debe emitir un informe jurídico que sea el que determine la decisión a tomar por parte de la Subdelegación de Gobierno ¿o es que el alcalde piensa que si la Abogacía del Estado estima lesionado algún derecho de la Administración General del Estado puede eludir la presentación de ese recurso a instancia política?”.