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El candidato popular se comprometió con el colectivo a recuperar
los convenios que facilitaban, entre otras cosas, el acompañamiento a las
personas sordas a sus citas médicas.
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Juancho Ortiz: “Es poco entendible que un Ayuntamiento desatienda
a colectivos que hacen una labor a la que es imposible llegar desde la
administración”.
2
de mayo de 2019.-
El candidato del
Partido Popular, Juancho Ortiz, se comprometió con el Centro Integral de
Personas Sordas de Cádiz, Albor, a reabrir desde la Alcaldía las líneas de
colaboración que durante años se mantuvieron abiertas entre el Ayuntamiento de
Cádiz y esta entidad; “una colaboración que se terminó sin saber muy bien la
causa”.
Juancho Ortiz acudió días atrás a una reunión con los
representantes de Albor acompañado por los miembros de la candidatura Carmen Sánchez, Carlos Lucero y Patricia
Navas, Intérprete de la Lengua de Signos Española (ILSE) y persona muy
vinculada con el colectivo de personas sordas de la ciudad. Durante la cita
Juancho Ortiz pudo constatar que, “tal y como ha pasado con la gran mayoría de
entidades sociales que existían en la ciudad, estos cuatro años han supuesto la
pérdida de ayudas, y la falta de respeto por una labor que es incuestionable”.
Problemas con el local y desatención
El candidato
popular dejo claro tras la reunión su compromiso con este colectivo para retomar los convenios que permitían,
entre otras cosas, el acompañamiento a las personas sordas a sus citas médicas
o a realizar gestiones ante las administraciones. Los representantes de Albor
señalaron que no solo habían perdido parte de uno de los locales que le fueron
cedidos en el Edificio Hermanos Mirabal, sino todo tipo de colaboración de la
que disfrutaban y que permitían a sus
socios acudir a talleres o visitas organizadas desde el Ayuntamiento.
Juancho Ortiz
concluyo señalando que, “para nosotros, que siempre buscamos la ayuda de las
entidades socio-sanitarias, es poco entendible que un Ayuntamiento desatienda a
colectivos que hacen una labor a la que es imposible llegar desde la
administración. Y lo peor de todo es que este caso no es una excepción sino la
regla. Parece como si en estos cuatro
años lo único que se haya hecho es poner en cuestión a todos los que trabajaban
en defensa de colectivos en riesgo de exclusión o desfavorecidos por el simple
hecho de que ni siquiera los conocían”.
