“La Junta debe ser sensible con las familias
con menos recursos que han quedado en una situación de riesgo sanitario al
suspenderse sus tratamientos”
Cádiz, a 12 de septiembre de 2018. El concejal del Grupo
Municipal del Partido Popular (GMPP) y candidato a la Alcaldía de Cádiz,
Juancho Ortiz, se comprometió días atrás con los afectados en Cádiz y provincia
por el presunto fraude y posterior cierre de las clínicas iDental a trasladar su problema al Parlamento Andaluz a través de
la diputada autonómica Ana Mestre, que ya tiene previsto una reunión con el
citado colectivo.
Ortiz se reunió con un grupo de afectados
por el cierre de la citada clínica, quienes le expusieron su situación de
“desamparo” y “los problemas que estamos teniendo a la hora no solo de reclamar
el dinero ya aportado a la clínica sino de continuar con tratamientos que están
afectando seriamente a la salud de muchas personas”.
El concejal popular quiso mostrar su apoyo
a este colectivo en la demanda de soluciones “y muye especialmente a las
personas que tienen problemas de salud. La Junta debe ser sensible con las
familias con menos recurso que hicieron un esfuerzo para mejora su salud y han
quedado en situación de riesgo sanitario al suspenderse sus tratamientos”.
500
afectados e ingresos hospitalarios
Los representantes del colectivo de
afectados por el cierre de iDental aseguraron
a Juancho Ortiz que en la provincia de Cádiz hay en torno a 500 personas con
este problema, la mayoría de ellos clientes de la clínica ubicada en el Puerto
de Santa María. También conoció el concejal popular en la cita los casos más
graves de este proceso, como el de una señora que permaneció ingresada en el
Puerta del Mar tres días por una infección bucodental sobrevenida tras la
suspensión del tratamiento en las citadas clínicas.
Los afectados por el cierre de iDental
tienen previsto una agenda de movilizaciones y protestas a nivel andaluz y nacional
para requerir, entre otras cosas, el apoyo de las administraciones: el
colectivo cuestiona la concesión de licencias de apertura y permisos de
actividad por parte de la Junta de Andalucía sin la realización de
comprobaciones oportunas sobre la forma de actuar de este tipo de negocios. Ortiz
señaló que "la Junta debe estudiar en este sentido sus responsabilidades
al respecto y brindar a las familias que no tienen recursos la asistencia
jurídica necesaria para conseguir recuperar su dinero y la asistencia médica
imprescindible para que la salud de esos afectados no esté en riesgo”.
