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Y de Juancho Ortiz, candidato a la Alcaldía de Cádiz.
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Os ponemos hoy las noticias que Diario de Cádiz y La Voz de Cádiz sacan en sus versiones Online sobre la Valoración del Caso Matadero que hizo nuestro Portavoz Ignacio Romaní
Diario de Cádiz
El Grupo Municipal Popular pidió ayer al alcalde que destituya a la concejal de Vivienda y Cultura, Eva Tubío (Ganar Cádiz) "porque políticamente está inhabilitada para llevar ningún tema que tenga que ver con la vivienda pública de esta ciudad. Nos da miedo y vergüenza", dijo su portavoz, Ignacio Romaní, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por sus compañeros Juan José Ortiz y Vicente Sánchez.
Esta petición se basa en la decisión judicial de archivar el denominado Caso Matadero, que Romaní rebautizó como el "Caso Tubío", porque "después de que más de 50 personas hayan presentado declaración en sede judicial, tras 88 declaraciones, nadie ha declarado haber recibido presiones de ningún tipo para cambiar la baremación en la adjudicación de una vivienda del parque público, ni siquiera Pilar Tubío, algo que ha destacado el propio juez en su auto". En el informe se habla de presiones, "pero no a ellas, sino a otras compañeras", dijo Romaní. "¿Y saben el apellido de quienes apuntaban en esa dirección? Tubío, las tres, Pilar, Susana y Eva. Tubío. Pero luego ni siquiera ellas se ratificaron ante el juez". Por ello el PP va a pedir a la Fiscalía que estudie si las declaraciones de las hermanas Tubío pudieran ser constitutivas de delito. "Especialmente las de Pilar, para que la Fiscalía indague si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación".
Romaní, que destacó el intachable comportamiento de sus compañeras Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, "que no sólo han pasado muchas noches sin dormir por la situación de personas con necesidades de la ciudad, sino que han llegado a avalarlas con sus propias nóminas para que pudieran lograr una vivienda en algunos casos, los más dramáticos", cargó también contra Fran González, Antonio Chico y el responsable sindical de Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, a quienes no descartan llevar ante los tribunales para que expliquen "quién mintió a quién" a la hora de lanzar esas acusaciones contra las ediles populares, ya que de hecho estas tres personas fueron las firmantes de la denuncia por la supuesta adjudicación irregular de viviendas. "El PP no descarta tomar acciones legales por un presunto delito de denuncia falsa", comentó, además de decir que también están estudiando emprender otras medidas judiciales contra personas como los socialistas David Muñoz y Gonzalo Pando o contra Juana Cortés por sus acusaciones en la revista de tirada nacional Interviú "que luego no supieron ratificar ante notario".
El PP cree que sus concejalas "deben al menos una disculpa pública", o una llamada de todas estas personas, y de Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos, "que fue sembrando mentiras hasta el Defensor del Pueblo y que les ha causado un daño irreparable". Además afirmó Romaní que los propios vecinos de Matadero "también merecen unas disculpas por la utilización política que de ellos han hecho las Tubío y compañía desde el año 2013, con el único objetivo de echar a Teófila Martínez del Ayuntamiento. Por ello en las redes sociales Eva Tubío ha comentado que le da igual la resolución judicial, porque el objetivo ya se consiguió. Aunque me gustaría recordarle que el PP ganó las elecciones, por más que le duela y por más odio que lleve dentro. Esta persona no es digna de ser concejala de este Ayuntamiento", apostilló.
«Los planes no siempre salen bien». Con esta frase ha explicado el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, la postura de su grupo con respecto al sobreseimiento de la causa conocida como 'Caso Matadero', en la que las concejalas del anterior equipo de Gobierno del PP,Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, fueron acusadas de adjudicar viviendas sociales de forma irregular.
Romaní ha manifestado públicamente que esta denuncia y el largo camino judicial iniciado en 2013 se debió a la puesta en marcha de un plan, «con una planificación, una ejecución y un epílogo, a raíz del intento de varias personas de iniciar una operación de acoso y derribo del Gobierno de Teófila Martínez».
A consecuencia de ello y tras el sobreseimiento de la causa por parte del Juzgado, Romaní ha anunciado que el PP tomará acciones legales contra el portavoz del PSOE, Fran González, el representante del sindicato Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, y el responsable de la Junta de Personal,Antonio Chico, que firmaron las denuncias en las que se pone de relieve las supuestas presiones recibidas por parte de las trabajadoras de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales para cambiar el criterio de adjudicación de viviendas sociales.
«Vamos a intentar buscar una explicación al hecho de que entre las 88 declaraciones y las más de 50 personas interrogadas, no haya ni una sola que haya declarado que recibió presiones. Ninguna ha declarado que recibiera ni una orden para modificar el sentido de los informes para la adjudicación de viviendas», ha explicado Romaní, que aludió directamente a las hermanas Tubío como impulsoras de estas denuncias. «Solo tres de estos 88 testimonios reconocían presiones pero no a ellas sino a otras compañeras, y precisamente las tres se apellidan Tubío. Son las hermanas Susana, Pilar y Eva Tubio. Sin embargo, ninguna de las 88 personas interrogadas reconoce haberlas recibido», ha asegurado el edil.
En este sentido, ha explicado que la primera denuncia, presentada por Fran González, se produce tan solo cuatro días después de que Pilar Tubío denunciara las supuestas presiones en una Junta de Personal. Según la denuncia de González, tuvo conocimiento de estos hechos a través de Manuel Bienvenido. Y tan solo unos días después, se presenta la denuncia de Antonio Chico, que según Romaní, contiene párrafos calcados de la demanda de Fran González. «Vamos a solicitar a la Fiscalía que se deduzcan testimonios por si pudieran ser constitutivos de delitos más graves como denuncia falsa, prevaricación o falsificación de documento público», ha informado Romaní, que aseguró que con esta medida «tendrán que explicar en sede judicial quién mintió a aquién», ha apostillado.
Asimismo, también ha anunciado que el PP no descarta emprender más acciones legales. Entre ellas, se está estudiando la posibilidad de solicitar también la comparecencia de Juana Cortés, David Muñoz y Gonzalo Pando, que realizaron declaraciones al respecto en una revista de gran tirada nacional.
Asimismo, Romaní ha solicitado que los responsables políticos implicados en este asunto pidan disculpas públicas a las dos concejalas del PP, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez y ha lamentado que ni siquiera hayan telefoneado personalmente a las afectadas para pedirles disculpas. Asimismo, también ha criticado el papel desarrollado por el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, Rafael Lara, al respecto. «El daño que ha hecho su organización a estas dos compañeras ha sido irreparable. Parece ser que ellas no son personas», ha agregado.
«El caso Matadero se va a convertir en el del Clan de las Tubío»
La concejala de Vivienda y Cultura en el Ayuntamiento de Cádiz (Ganar Cádiz), Eva Tubío, se ha convertido en el foco de las críticas de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Ignacio Romaní ha atacado directamente a la edil y también a su hermana, a quienes acusa de haber «destrozado el trabajo realizado en Asuntos Sociales». De hecho, el responsable político ha ironizado con el nombre sobre el Caso Matadero, apuntando que «ahora se va a convertir en el Clan de las Tubío».
El portavoz del PP también ha solicitado al alcalde de la ciudad el cese inmediato de la ahora concejala del equipo de Gobierno. «No es digna de ser concejala de este Ayuntamiento. Políticamente, está inhabilitada para llevar asuntos sobre la vivienda pública en esta ciudad. Es capaz de mentir para escalar políticamente», ha añadido. Además, ha atacado directamente a la responsable política, a quien acusa de «haber destrozado Asuntos Sociales por ambiciones personales».
El portavoz popular lamenta que "la superstición impida al gobierno de Podemos ponerle el número de la edición a los programas que pusimos nosotros en marcha y están reeditando"
Los populares lamentan que no se recupere la otra parte del programa sobre salud bucodental
Cádiz, 11 de noviembre de 2016: El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha valorado positivamente que el Ayuntamiento mantenga parte del programa de Salud para los centros escolares "que lleva haciéndose 13 años desde que fue puesto en marcha por nosotros en 2004. Lamentamos no obstante que la superstición impida al gobierno de Podemos ponerle el número de la edición a los programas, o al menos hacer referencia a que este es el decimotercer año en el que se realiza. Es curioso que quienes se proclaman tan falto de credos no puedan desprenderse de estas supersticiones".
Romaní también lamento que el Ayuntamiento no vaya a poner en marcha la otra parte del programa de Salud para escolares que incidía en los cuidados bucodentales parar los niños y niñas de segundo de Primaria, y animó al Gobierno Local "a intentar recuperarlo para próximos años aunque sea sin decir el número de la edición".
El portavoz popular pide a Manuel González que se preocupe de limpiar la ciudad, “que cada vez está más sucia” y siga dejando estos temas a otros concejales
El Grupo Municipal solicitará al responsable de playas un informe jurídico de las consecuencias del cambio en el pliego de condiciones
Cádiz, 8 de noviembre de 2016: El portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha contestado hoy al Delegado Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, Manuel González Bauza, “que al parecer lo llevaron ayer a la reunión con la Junta de Andalucía donde se abordó el problema que él –entre otros- ha causado a los chiringuitos de Cádiz y ahora quiere hacer un análisis jurídico sobre el asunto. Lo que faltaba en el tema de los chiringuitos es que hablara el desaparecido, que no ha dicho absolutamente nada en todos estas semanas al respecto”.
El concejal popular recordó a Manuel González que la Junta de Andalucía lleva desde diciembre, 11 meses, esperando que él haga algo al respecto: “el concejal de la no limpieza y su jefe son como los malos estudiantes, no hacen nada durante todo el año y se cuelan el día del examen pidiendo que lo aprueben por los pelos o que se la dejen para septiembre. Lo gracioso es que González Bauza encima quiere que le compremos la play”.
Que nos ilustre formalmente
Romaní señaló que el problema de los chiringuitos es que hace ya cerca de dos años que la Junta cambió el criterio y desde ese momento se podía haber buscado una solución que no implicara un problema legal para ningún funcionario municipal. El pliego de condiciones está redactado por los mismos técnicos que trabajan ahora mismo en el ayuntamiento, recogiendo toda la normativa legal al respecto, y si se quiere cambiar tendrá que ser con el preceptivo informe legal de los funcionarios competentes en el asunto; “aún así, como vemos que González Bauza está muy informado vamos a pedirle formalmente como grupo municipal un informe jurídico de las consecuencias del cambio en el pliego de condiciones”.
El portavoz municipal concluyó solicitando a González Bauza que “para hacer declaraciones al dictado que se dedique en exclusiva a la limpieza. Que se preocupe de la limpieza de la ciudad, que cada vez está más sucia y siga dejando estos temas a otros concejales que tienen que estar de manera constante tapando la ineptitud que demuestra en cada asunto que trata”.
Las tres asociaciones de vecinos y la de Pensionistas y Jubilados de Loreto lamentaron las limitaciones impuestas para el uso de las instalaciones municipales
Cádiz, 8 de noviembre de 2016: Las concejalas del Grupo Municipal Popular Mercedes Colombo y Paloma Bordons, junto a otros miembros del Partido Popular de Cádiz, se reunieron en el día de ayer con representantes de las asociaciones de vecinos de Loreto, Puntales y Cerro del Moro, en una cita a la que también acudieron los dirigentes de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Cádiz Loreto. Durante la reunión se puso sobre la mesa los problemas que están teniendo los mayores de estos barrios para hacer un uso normalizado del Centro de Día (ahora Centro de Participación Activa) que se ubica en el Centro Integral del Mayor Micaela Aramburu.
Las ediles populares recogieron de los vecinos la información sobre este problema, que se centra en la dependencia administrativa que ha determinado el Ayuntamiento de Cádiz de ese centro de Loreto respecto al Centro de Día de Vistahermosa. Los dirigentes de las entidades presentes en la reunión indicaron a las concejalas que el objetivo que persiguen es que este Centro de Día de Micaela Aramburu sea independiente de los ya existentes en Vistahermosa o Botica para ganar en operatividad y servicios para los mayores de la zona.
Colombo y Bordons se comprometieron a elevar, de nuevo, una propuesta a pleno para que el Ayuntamiento dé una solución definitiva a este problema que impide que unas instalaciones municipales que fueron pagadas por todos los gaditanos sean disfrutadas por los mayores de la zona: “ya que no son capaces de sacar una sola inversión para nuestros vecinos en todos estos meses que hagan algo para aprovechar las que les dejamos en perfectas condiciones. Esperamos que en esto, al menos, la concejala del Mayor se entere de algo de lo que pasa y tome alguna decisión”.
El sábado 5 de noviembre ha dado comienzo la 7ª Escuela de Otoño del PPCádiz, con la participación de numerosos compañeros que han partipado en varios talleres y debates de la actualidad de la provincia.
La Junta siempre esgrimió que “el artículo 48 es muy claro en cuanto al procedimiento (…) una vez que el Ayuntamiento haya finalizado todo el proceso de exhumación, inhumación, cremación y traslado de los restos, solo entonces la delegación podrá clausurar el cementerio”
Romaní: “Nos alegramos que se desbloquee el asunto, y sobre todo por SOS Bebé Robados, pero si el único cambio que se ha producido para variar el criterio legal utilizado es el color político del alcalde es un asunto muy grave que Fran González y los socialistas de Cádiz deberían mirarse bien”.
Cádiz, 3 de noviembre de 2016.- El portavoz del Grupo Municipal Popular (GMP), y anterior responsable de Urbanismo y Cementerio del Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, ha calificado hoy como “vergonzoso que la Junta de Andalucía se haya estado riendo de los gaditanos durante años con un asunto tan importante como el cementerio de Cádiz”.
Romaní recordó que el Ayuntamiento solicitó a la Junta de Andalucía la clausura del cementerio de San José el 20 de septiembre de 2013 a través del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, una vez que había publicado en el BOE de 25 de mayo de ese mismo año el inicio del expediente de clausura del camposanto gaditano (https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/25/pdfs/BOE-B-2013-20129.pdf). A partir de esa fecha los responsables autonómicos fueron negando una y otra vez la clausura definitiva del Cementerio de San José, esgrimiendo el artículo 48 del Decreto DECRETO 95/2001, sobre el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. La delegada provincial de Salud llegó a decir literalmente que “el artículo 48 es muy claro en cuanto al procedimiento (…) una vez que el Ayuntamiento haya finalizado todo el proceso de exhumación, inhumación, cremación y traslado de los restos, solo entonces la delegación podrá clausurar el cementerio”. (Se adjunta noticias).
Alguien tendrá que responder
Los populares han indicado hoy que estudiarán las responsabilidades en las que haya podido incurrir durante su etapa como delegada de Salud de la Junta en Cádiz, la ahora diputada Mirian Alconchel, que de manera oficial y a través de los medios de comunicación denegó siempre la clausura del cementerio en base a una normativa que no ha sufrido ningún cambio. Romaní señaló al respecto que “Nos alegramos que se desbloquee el asunto y sobre todo por SOS Bebé Robados, algún responsable del PSOE en la provincia de Cádiz debería dar explicaciones sobre qué ha cambiado para que antes no se pudiera clausurar sin hacer las exhumaciones previamente y ahora sí, porque si el único cambio para variar el criterio legal utilizado es el color político del alcalde es un asunto muy grave que Fran González y los socialistas de Cádiz deberían mirarse bien”.
Aprendiendo a contar
El portavoz popular quiso también mostrar su satisfacción por el desbloqueo de un asunto “en el que pusimos todo nuestro esfuerzo y empeño, aunque haya sido por un capricho político de algún socialista que tiene que querer mucho a Cádiz”. Romaní indicó que los actuales responsables municipales deberían, no obstante, aprender a contar: “si conocen el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sabrán que no se puede clausurar un cementerio sin que hayan pasado diez años de su último enterramiento, que en el caso de Cádiz fue en 1992, por lo que la cantinela de ayer de 24 años de bloqueo está –como poco- mal calculada.
Romaní explicó que “tras pasar los diez años preceptivos según ley, en 2002, se inició un proceso lento pero minucioso de documentación, apertura de plazos para traslados voluntarios de restos al Mancomunado que en varios casos fue ampliado, publicación de resoluciones para alegaciones de cualquier tipo y lo que es más importante: traslado de los restos al mancomunado por cuarteladas. Todo con un objetivo principal de preservar el derecho de los gaditanos a la memoria de sus seres queridos. Y en 2013, es decir, 11 años después, se inició el expediente de clausura que durante tres años bloqueó la Junta de Andalucía.
