sábado, 12 de noviembre de 2016

El GMP anuncia que llevará a la Fiscalía a los instigadores del Caso Matadero


Os ponemos hoy las noticias que Diario de Cádiz y La Voz de Cádiz sacan en sus versiones Online sobre la Valoración del Caso Matadero que hizo nuestro Portavoz Ignacio Romaní

Diario de Cádiz

El Grupo Municipal Popular pidió ayer al alcalde que destituya a la concejal de Vivienda y Cultura, Eva Tubío (Ganar Cádiz) "porque políticamente está inhabilitada para llevar ningún tema que tenga que ver con la vivienda pública de esta ciudad. Nos da miedo y vergüenza", dijo su portavoz, Ignacio Romaní, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por sus compañeros Juan José Ortiz y Vicente Sánchez.
Esta petición se basa en la decisión judicial de archivar el denominado Caso Matadero, que Romaní rebautizó como el "Caso Tubío", porque "después de que más de 50 personas hayan presentado declaración en sede judicial, tras 88 declaraciones, nadie ha declarado haber recibido presiones de ningún tipo para cambiar la baremación en la adjudicación de una vivienda del parque público, ni siquiera Pilar Tubío, algo que ha destacado el propio juez en su auto". En el informe se habla de presiones, "pero no a ellas, sino a otras compañeras", dijo Romaní. "¿Y saben el apellido de quienes apuntaban en esa dirección? Tubío, las tres, Pilar, Susana y Eva. Tubío. Pero luego ni siquiera ellas se ratificaron ante el juez". Por ello el PP va a pedir a la Fiscalía que estudie si las declaraciones de las hermanas Tubío pudieran ser constitutivas de delito. "Especialmente las de Pilar, para que la Fiscalía indague si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación".
Romaní, que destacó el intachable comportamiento de sus compañeras Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, "que no sólo han pasado muchas noches sin dormir por la situación de personas con necesidades de la ciudad, sino que han llegado a avalarlas con sus propias nóminas para que pudieran lograr una vivienda en algunos casos, los más dramáticos", cargó también contra Fran González, Antonio Chico y el responsable sindical de Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, a quienes no descartan llevar ante los tribunales para que expliquen "quién mintió a quién" a la hora de lanzar esas acusaciones contra las ediles populares, ya que de hecho estas tres personas fueron las firmantes de la denuncia por la supuesta adjudicación irregular de viviendas. "El PP no descarta tomar acciones legales por un presunto delito de denuncia falsa", comentó, además de decir que también están estudiando emprender otras medidas judiciales contra personas como los socialistas David Muñoz y Gonzalo Pando o contra Juana Cortés por sus acusaciones en la revista de tirada nacional Interviú "que luego no supieron ratificar ante notario".
El PP cree que sus concejalas "deben al menos una disculpa pública", o una llamada de todas estas personas, y de Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos, "que fue sembrando mentiras hasta el Defensor del Pueblo y que les ha causado un daño irreparable". Además afirmó Romaní que los propios vecinos de Matadero "también merecen unas disculpas por la utilización política que de ellos han hecho las Tubío y compañía desde el año 2013, con el único objetivo de echar a Teófila Martínez del Ayuntamiento. Por ello en las redes sociales Eva Tubío ha comentado que le da igual la resolución judicial, porque el objetivo ya se consiguió. Aunque me gustaría recordarle que el PP ganó las elecciones, por más que le duela y por más odio que lleve dentro. Esta persona no es digna de ser concejala de este Ayuntamiento", apostilló.

Fuente DIARIO DE CADIZ ir a noticia pulsa aquí

LA VOZ DE CÁDIZ

«Los planes no siempre salen bien». Con esta frase ha explicado el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, la postura de su grupo con respecto al sobreseimiento de la causa conocida como 'Caso Matadero', en la que las concejalas del anterior equipo de Gobierno del PP,Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, fueron acusadas de adjudicar viviendas sociales de forma irregular.
Romaní ha manifestado públicamente que esta denuncia y el largo camino judicial iniciado en 2013 se debió a la puesta en marcha de un plan, «con una planificación, una ejecución y un epílogo, a raíz del intento de varias personas de iniciar una operación de acoso y derribo del Gobierno de Teófila Martínez».
A consecuencia de ello y tras el sobreseimiento de la causa por parte del Juzgado, Romaní ha anunciado que el PP tomará acciones legales contra el portavoz del PSOE, Fran González, el representante del sindicato Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, y el responsable de la Junta de Personal,Antonio Chico, que firmaron las denuncias en las que se pone de relieve las supuestas presiones recibidas por parte de las trabajadoras de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales para cambiar el criterio de adjudicación de viviendas sociales.
«Vamos a intentar buscar una explicación al hecho de que entre las 88 declaraciones y las más de 50 personas interrogadas, no haya ni una sola que haya declarado que recibió presiones. Ninguna ha declarado que recibiera ni una orden para modificar el sentido de los informes para la adjudicación de viviendas», ha explicado Romaní, que aludió directamente a las hermanas Tubío como impulsoras de estas denuncias. «Solo tres de estos 88 testimonios reconocían presiones pero no a ellas sino a otras compañeras, y precisamente las tres se apellidan Tubío. Son las hermanas Susana, Pilar y Eva Tubio. Sin embargo, ninguna de las 88 personas interrogadas reconoce haberlas recibido», ha asegurado el edil.
En este sentido, ha explicado que la primera denuncia, presentada por Fran González, se produce tan solo cuatro días después de que Pilar Tubío denunciara las supuestas presiones en una Junta de Personal. Según la denuncia de González, tuvo conocimiento de estos hechos a través de Manuel Bienvenido. Y tan solo unos días después, se presenta la denuncia de Antonio Chico, que según Romaní, contiene párrafos calcados de la demanda de Fran González. «Vamos a solicitar a la Fiscalía que se deduzcan testimonios por si pudieran ser constitutivos de delitos más graves como denuncia falsa, prevaricación o falsificación de documento público», ha informado Romaní, que aseguró que con esta medida «tendrán que explicar en sede judicial quién mintió a aquién», ha apostillado.
Asimismo, también ha anunciado que el PP no descarta emprender más acciones legales. Entre ellas, se está estudiando la posibilidad de solicitar también la comparecencia de Juana CortésDavid Muñoz y Gonzalo Pando, que realizaron declaraciones al respecto en una revista de gran tirada nacional.
Asimismo, Romaní ha solicitado que los responsables políticos implicados en este asunto pidan disculpas públicas a las dos concejalas del PP, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez y ha lamentado que ni siquiera hayan telefoneado personalmente a las afectadas para pedirles disculpas. Asimismo, también ha criticado el papel desarrollado por el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, Rafael Lara, al respecto. «El daño que ha hecho su organización a estas dos compañeras ha sido irreparable. Parece ser que ellas no son personas», ha agregado.

«El caso Matadero se va a convertir en el del Clan de las Tubío»

La concejala de Vivienda y Cultura en el Ayuntamiento de Cádiz (Ganar Cádiz), Eva Tubío, se ha convertido en el foco de las críticas de los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular. Ignacio Romaní ha atacado directamente a la edil y también a su hermana, a quienes acusa de haber «destrozado el trabajo realizado en Asuntos Sociales». De hecho, el responsable político ha ironizado con el nombre sobre el Caso Matadero, apuntando que «ahora se va a convertir en el Clan de las Tubío».
El portavoz del PP también ha solicitado al alcalde de la ciudad el cese inmediato de la ahora concejala del equipo de Gobierno. «No es digna de ser concejala de este Ayuntamiento. Políticamente, está inhabilitada para llevar asuntos sobre la vivienda pública en esta ciudad. Es capaz de mentir para escalar políticamente», ha añadido. Además, ha atacado directamente a la responsable política, a quien acusa de «haber destrozado Asuntos Sociales por ambiciones personales».


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